La semana pasada, la Contraloría General de la República que dirige Carlos Felipe Córdoba –pereirano, con un historial de buenas conexiones, quien según el portal La Silla Vacía fue nombrado auditor general con el apoyo de Eduardo Montealegre, y que luego salió de allí para ser secretario privado de Germán Vargas Lleras, quien junto con César Gaviria consiguieron las mayorías necesarias para que fuera nombrado Contralor General– decretó medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal que se sigue por la contingencia que se presentó en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango. En principio, esta medida tiene algunas falencias jurídicas y su contenido parece más político, con consecuencias que aún están por verse.
A todo esto, la desproporcionada medida que busca preventivamente recaudar la totalidad del supuesto daño fiscal en uno solo de los investigados, también supondría un prejuzgamiento por la envergadura de la medida cautelar y la afectación patrimonial y operativa en la que sitúa a Integral S.A., que podría acabar con casi setenta años de historia empresarial.
De cualquier forma, la medida tiene consecuencias más graves sobre los recursos públicos que los que supuestamente dice proteger, pues afecta la ejecución del proyecto, por lo tanto, las finanzas de EPM y la virtualidad de comprometer la seguridad energética de la nación. De hecho, el solo cambio en el diseñador, sin involucrar todavía en la medida cautelar al constructor o al interventor, implicaría un retraso de dos años en la entrega del proyecto que está llamado a aportar casi el 20 % de la capacidad de generación del país.
A propósito, la calificadora Moodys’ advirtió que la orden de embargo sería un factor crediticio negativo para EPM, lo que podría encarecer sus pasivos y afectar el acceso a financiación. Pero lo más grave es que si el proyecto se retrasa, el vertedero que está diseñado para funcionar de manera intermitente mientras la central está en funcionamiento, ajustaría seis años funcionando con todo el caudal del río, lo que pondría nuevamente en riesgo a las comunidades de aguas abajo.
Suponiendo entonces que la medida tiene un trasfondo político, sería muy importante recordarles lo que significa EPM para nuestra región; que transfiere anualmente el 30 % de sus utilidades para programas sociales y que adicionalmente apoya iniciativas para llevar agua potable a los barrios más pobres, ilumina las regiones más apartadas, financia becas, construye colegios, limpia quebradas y afluentes, apoya proyectos productivos y construye vivienda y alcantarillados. ¿Valdrá la pena poner en riesgo a las mejores empresas públicas del país para obtener réditos políticos? ¿Valdrá la pena dividir una población para convertirla en un fortín electoral? ¿Valdrá la pena poner gente en riesgo?
Antioquia, Medellín y su liderazgo han soportado peores ataques. ¡De esta salimos!