En Antioquia hemos sido por muchos años víctimas de la violencia y a pesar de eso la seguridad no ha sido la prioridad para nuestros gobernantes. La influencia guerrillera en casi todos nuestros municipios y la falta de presencia del Estado hizo que estuvieran desconectados de la dinámica productiva del país. Después con los paramilitares el problema se agravó, pero una vez extraditados sus cabecillas y firmado el acuerdo de paz con las Farc, el negocio continúa. La violencia fue reemplazada por otros grupos que ahora controlan el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal y los recursos de inversión municipales; esta situación es especialmente compleja en el Bajo Cauca por el control de los cultivos de coca y en el Suroeste antioqueño, donde se disputan el dominio de este corredor hacia el Pacífico y el control del microtráfico.
Desde mi perspectiva, para poder recuperar la seguridad tiene que haber presencia permanente del Estado. Aunque parezca difícil de creer, estos poderosos actores a veces son “necesitados” en las regiones, porque son la verdadera autoridad, la que financió o permitió que el alcalde se postulara y este control de facto, de impartir justicia, hace que haya una coexistencia concertada que evita presión de la fuerza pública y permite que la inversión llegue a las comunidades. ¡Debemos arrebatarle este poder a la criminalidad!
Indudablemente la justicia se debe reformar; cada gobierno lo promete, pero la posibilidad que tienen las ramas del poder de nombrarse, investigarse y absolverse entre sí es un círculo vicioso difícil de romper. Hay que corregir la arquitectura institucional pero el ordenamiento también trae la solución para no depender de la tan esperada reforma a la justicia; para que el ladrón de gallinas sea perseguido y multado, y el deudor obligado a pagar sin la intermediación de los actores armados. Yo creo que esta es una oportunidad para recuperar la relevancia de la Gobernación para que con firmeza, políticas persistentes y articulación presupuestal haga por fin de Antioquia un territorio justo y seguro.
En conclusión, podríamos implementar un piloto, un proyecto que sea el modelo de acceso a la justicia para el ciudadano de a pie y de la prevención del delito. Podríamos adoptar, dependiendo del tamaño del municipio y del tipo de conflictos, diferentes figuras como: jueces de paz, conciliadores reconocidos por la comunidad, árbitros, mediadores y casas de justicia. Las Cámaras de Comercio y las Cajas de Compensación mientras tanto podrían crear escenarios para resolver disputas comerciales, agrarias y civiles, para que, valga la redundancia, nuestra región se acostumbre a la civilidad, al principio de legalidad, donde las leyes valen y se hacen cumplir. Esto, sin duda, traería una justicia pronta en sitios donde hoy la posibilidad de que el Estado dirima un conflicto es una utopía